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Estimados,
adjunto el nuevo artículo escrito junto con Sarah Arbieto en PwC Perú.
Las
Cooperativas de Ahorro y Crédito deben perder el miedo a la regulación
Migrar
de un modelo de supervisión sin facultad sancionadora hacia un esquema de
supervisión especializado a cargo del Estado, a través de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), puede no parecer del
todo alentador para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) en
el Perú. Sin duda, la incertidumbre respecto a este proceso de adecuación y la
rigurosidad de las normas venideras, representa un reto para ellas, en la
medida que deberán recorrer un camino aún desconocido.
Hoy
en día, según datos de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú (Fenacrep), de un total de 128 Coopac bajo su supervisión,
el mercado cooperativo al 30 de septiembre de 2018 -con S/. 13 100
millones-, representa el 3% del total de activos del sistema
financiero peruano. Asimismo, 1.2 millones de personas mantiene sus
ahorros en cooperativas, lo cual representa una inversión de S/. 9 650
millones.
Por
otro lado, según la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV),
existen 672 Coopac en el mercado peruano, de las cuales solo
el 19% se encuentra parcialmente supervisado por la Fenacrep.
Estas cifras hacen evidente que el cambio de escenario respecto al futuro de
las Coopac era necesario.
La SBS es
la entidad a cargo de regular y supervisar el sistema financiero, de seguros
y AFP, así como prevenir las prácticas de lavado de activos, y quien,
desde el 1 de enero de 2019, incorpora como parte de su ámbito de acción a
las Coopac. Si bien los beneficios para los socios son evidentes, ya que
se busca evitar que estos se encuentren en una situación de desprotección –ya
que solo algunas Coopac cuentan con un fondo que proteja sus ahorros- se debe
entender que las ventajas de una mejor supervisión se extienden a cada
cooperativa que resulte bajo el ámbito de acción de la SBS.
En
este nuevo escenario, las Coopac se fortalecen notablemente y
convierten a uno de los vehículos de cooperación e inclusión financiera más
antiguos de Latinoamérica, en un organismo sólido y libre de sospechas sobre la
legalidad de sus fondos. Asimismo, esto permitirá afianzar las prácticas de Buen
Gobierno Corporativo y convertirlas en un indicador clave de la
buena gestión empresarial, haciendo a las cooperativas más transparentes, sin
restar los aspectos propios de los valores de este tipo de sistema, como la
ayuda mutua. Esto motivará, a su vez, que el mercado financiero gane una mayor
confianza en ellas y se aproveche su potencial económico y social, en un país
que requiere que la inclusión financiera siga creciendo.
De
esta forma, la nueva regulación establece la creación de reglas transparentes
para el nombramiento de los miembros de comités y gerencia,
definiéndose los cargos titulares y suplentes, periodos de renovación, así como
los derechos y obligaciones para cada miembro. En este punto, siguiendo con la
tendencia actual, se busca que los cargos directivos y de gerencia tengan
responsabilidad personal e indelegable, lo que impide que una persona
jurídica ejerza dicha posición. Asimismo, se pactan reglas específicas
para el pago de dietas y gastos de representación a los directivos, limitando
así el gasto en supuestos determinados, con el fin de reducir los
riesgos de uso de los fondos que atenten contra el objeto de
la Coopac y principalmente, contra sus socios.
Sin
lugar a duda, estos cambios representan un largo camino por recorrer para
las cooperativas, especialmente en términos legales, cumplimiento
normativo, gestión de riesgos, adecuación de procesos a las nuevas normas y
transformación del capital humano; por lo que deberán estar atentas a estos
aspectos, a fin de darles una respuesta adecuada en el tiempo. Sin embargo,
frente a un mercado que ha recibido críticas por su falta de regulación,
resulta necesaria su adecuación para fortalecer los esquemas de control y
cumplimiento, y evitar así el cuestionamiento al origen o financiamiento de sus
actividades.
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