En Lima es común encontrar decenas de vehículos privados que realizan servicio de colectivos para pasajeros. Sus choferes no suelen contar con permiso sectorial ni municipal. Estos vehículos son cada vez más e, incluso, han surgido modelos parecidos a las combis, en un formato que aparenta ser más grande y confortable para el usuario. 

En distritos de la capital, como Surco, podemos encontrar decenas de vendedores ambulantes de comida, que trabajan principalmente a la hora del almuerzo. Ofrecen una gran variedad de platos y presentaciones, para el gusto del público, aunque tampoco cuentan con permiso ni supervisión municipal. 

Un problema en común

En ambos casos, además de notar lo obvio que resulta la informalidad, incluso en las zonas más supervisadas de la ciudad, se intenta ofrecer beneficios a los consumidores, más allá del tema económico. Ello responde a que, tanto el trabajador formal como el informal, buscan generar negocios rentables y deben perfeccionar sus servicios, ya que el nivel mínimo de calidad que exige su público es cada vez mayor.

El desarrollo de esta cultura se refleja en el aumento de denuncias diarias presentadas a la Comisión de Protección al Consumidor (CPC) de Indecopi. El público es mucho más exigente que hace veinte años. Aunque el trabajador informal presupone que, al no exigir ningún beneficio o asistencia al Estado, no requiere solicitarle un permiso para funcionar, sí le interesa mantener a sus clientes y, por ello, eleva sus estándares de calidad y servicio. 

La competencia entre una empresa  formal y una informal es una lucha perdida para la primera, ya que los costos laborales y tributarios reducen su capacidad de crecer. Por esta razón, muchos formales deciden tener, a la par, una línea de trabajo informal para competir o asociarse con los informales para expandir su negocio. 

Posibles soluciones

Anteriormente comentamos que las normas empresariales debían adecuarse al nivel de desarrollo de la mayoría de los empresarios y no centrarse en los negocios ya desarrollados. Lo cierto es que, al establecerse parámetros muy altos, se aleja e invisibiliza a los informales. 

Es necesario que las normas protejan los derechos y los fines que buscan. Sin embargo, pueden acordarse periodos de amnistía y condiciones mínimas necesarias para obtener, al menos, permisos temporales por etapas, y demostrar cumplimientos adicionales para prorrogar sus licencias o derechos. 

Otra alternativa es implementar sistemas de puntos en contra, como sucede con las licencias de conducir, por ejemplo. Asimismo, pueden emitirse certificados que los usuarios puedan corroborar en línea y que permita al negocio informal no solo ganar competitividad, sino también acercarlo al entorno formal. 

Siempre existirán personas que no deseen tener ninguna supervisión y que solo busquen ser informales. No obstante, hay un grupo de ellos que sí puede interesarse en ingresar al mercado por fines comerciales. Si se les otorga incentivos y flexibilizaciones, al menos una porción de ellos podría sumarse, poco a poco, al sector formal.